Justicia 2.0: el presidente de Ausbanc, condenado a indemnizar… y tuitear

El Juzgado de Primera Instancia número 36 de Madrid ha condenado al presidente de Ausbanc, Luis Pineda, a indemnizar al ex “community manager” de la Policía Nacional Carlos Fernández con 3.000 euros por haber traspasado los límites de su derecho al honor.

Como ha parte de la sentencia, el juzgado condena también Pineda a compartir el resultado de la sentencia durante 10 días consecutivos en su cuenta de Twitter, en horario de máxima visibilidad y haciendo uso de una herramienta especialmente creada para aumentar el número de caracteres permitidos . Se trata de la misma red social donde Pineda publicó las «acusaciones altamente vejatorias» contra Fernández, entonces encargado de las comunicaciones a redes sociales del cuerpo de seguridad, que según la magistrada no pueden ser amparadas por el derecho a la libertad de expresión.

Pineda deberá cumplir con este requisito desde la prisión donde se encuentra desde abril de 2016, acusado de extorsionar a empresas y bancos.

Este es un ejemplo más de cómo las redes sociales han pasado a ser percibidas y tratadas por el sistema judicial como una parte fundamental de los espacios de comunicación, con un fuerte impacto sobre la opinión pública. Además, el caso vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre las intersecciones de la identidad privada y pública en las redes sociales.

Justicia 2.0: el presidente de Ausbanc, condenado a indemnizar… y tuitear

El Juzgado de Primera Instancia número 36 de Madrid ha condenado al presidente de Ausbanc, Luis Pineda, a indemnizar al ex “community manager” de la Policía Nacional Carlos Fernández con 3.000 euros por haber traspasado los límites de su derecho al honor.

Como ha parte de la sentencia, el juzgado condena también Pineda a compartir el resultado de la sentencia durante 10 días consecutivos en su cuenta de Twitter, en horario de máxima visibilidad y haciendo uso de una herramienta especialmente creada para aumentar el número de caracteres permitidos . Se trata de la misma red social donde Pineda publicó las «acusaciones altamente vejatorias» contra Fernández, entonces encargado de las comunicaciones a redes sociales del cuerpo de seguridad, que según la magistrada no pueden ser amparadas por el derecho a la libertad de expresión.

Pineda deberá cumplir con este requisito desde la prisión donde se encuentra desde abril de 2016, acusado de extorsionar a empresas y bancos.

Este es un ejemplo más de cómo las redes sociales han pasado a ser percibidas y tratadas por el sistema judicial como una parte fundamental de los espacios de comunicación, con un fuerte impacto sobre la opinión pública. Además, el caso vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre las intersecciones de la identidad privada y pública en las redes sociales.