Unidos frente a la reforma judicial

units enfront la reforma judicialEl miércoles 12 de diciembre a las 12 h se ha hecho efectivo el paro de una hora en las sedes judiciales del Estado. El motivo esgrimido por la comunidad jurídica no es otro que el rechazo a la batería de reformas puestas en marcha en los últimos meses por el Ministerio de Justicia. La denuncia común, que por primera vez ha unido mayoritariamente a los diversos colectivos judiciales, es que estas nuevas medidas dificultan el acceso a la justicia gratuita de una parte importante de la población, acuciada por las penurias económicas de la crisis.

Según jueces, fiscales, abogados y procuradores, además de una parte de los usuarios, las reformas conllevan que la justicia deje de ser un servicio público gratuito para ser cada vez más caro además de excluir de las causas de posibles liberaciones de pagos a la clase media. Entre ellas destacan el pago de tasas judiciales a parte de los honorarios de abogados y procuradores, y la pérdida de competencias del registro civil a favor de registradores de la propiedad y notarios.

Por su parte, el ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, quien ya no es un  “interlocutor válido” para los colectivos judiciales, ha defendido las medidas como necesarias para disminuir el alto número de litigios que se da en España y ha negado que la reforma del registro civil sea privatizadora, dado que registradores y notarios son funcionarios.

El ministro cree estar frente a una nueva protesta corporativa originada por la eliminación de la paga extra y de la figura de los jueces sustitutos y el recorte de 18 a 12 días de asuntos personales. De hecho, si se confirma la huelga convocada para enero, ésta será la tercera vez que los jueces secunden una protesta a pesar de no existir legislación sobre el derecho a huelga del tercer poder.

¿Por la justicia universal o a favor de intereses corporativos? Lo cierto es que al final es la justicia la que la vuelve a sufrir un nuevo ataque. Se acrecientna así la ineficacia, la dificultad para el acceso y el precio de este servicio público.

Unidos frente a la reforma judicial

units enfront la reforma judicialEl miércoles 12 de diciembre a las 12 h se ha hecho efectivo el paro de una hora en las sedes judiciales del Estado. El motivo esgrimido por la comunidad jurídica no es otro que el rechazo a la batería de reformas puestas en marcha en los últimos meses por el Ministerio de Justicia. La denuncia común, que por primera vez ha unido mayoritariamente a los diversos colectivos judiciales, es que estas nuevas medidas dificultan el acceso a la justicia gratuita de una parte importante de la población, acuciada por las penurias económicas de la crisis.

Según jueces, fiscales, abogados y procuradores, además de una parte de los usuarios, las reformas conllevan que la justicia deje de ser un servicio público gratuito para ser cada vez más caro además de excluir de las causas de posibles liberaciones de pagos a la clase media. Entre ellas destacan el pago de tasas judiciales a parte de los honorarios de abogados y procuradores, y la pérdida de competencias del registro civil a favor de registradores de la propiedad y notarios.

Por su parte, el ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, quien ya no es un  “interlocutor válido” para los colectivos judiciales, ha defendido las medidas como necesarias para disminuir el alto número de litigios que se da en España y ha negado que la reforma del registro civil sea privatizadora, dado que registradores y notarios son funcionarios.

El ministro cree estar frente a una nueva protesta corporativa originada por la eliminación de la paga extra y de la figura de los jueces sustitutos y el recorte de 18 a 12 días de asuntos personales. De hecho, si se confirma la huelga convocada para enero, ésta será la tercera vez que los jueces secunden una protesta a pesar de no existir legislación sobre el derecho a huelga del tercer poder.

¿Por la justicia universal o a favor de intereses corporativos? Lo cierto es que al final es la justicia la que la vuelve a sufrir un nuevo ataque. Se acrecientna así la ineficacia, la dificultad para el acceso y el precio de este servicio público.

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