18 abril 2012
Argentina expropia el 51% de las acciones de Repsol en YPF
Después de semanas de especulaciones, las amenazas pronunciadas por la presidenta argentina Cristina Fernández han acabado por cumplirse con el anuncio ayer de la expropiación de YPF, filial de Repsol en el país.
Mediante un decreto ley, el Estado argentino se quedará con un 51% del paquete del 57% que Repsol mantenía en YPF y que adquirió en el proceso de privatización del año 1999. De este modo, la compañía perderá el control de su filial, al quedarse con una participación del 6,7% y sin saber cuánto pagará el Estado por el 51% expropiado. La decisión del gobierno argentino deja inmune la participación de la familia Eskenazi (Grupo Petersen), con un 25%, así como un 17,6% restante que cotiza en la Bolsa de NuevaYork.
Al margen de los argumentos utilizados por Argentina para justificar su decisión –acusando a Repsol de practicar “una política de vacío, de no producción y de no exploración” –, la presidenta insistió en remarcar que el 51% expropiado correspondería a títulos de Repsol y que no afectaría a las acciones de inversiones norte-americanas o a Wall Street. Una aclaración que algunos relacionan con el hecho de que Cristina Fernández haya esperado a la celebración de la Cumbre de las Américas en Cartagena de Indias de este fin de semana, donde se entrevistó con el presidente de EEUU, Barack Obama. Y también, una actitud que puede ser entendida como una beligerancia expresa contra los intereses españoles.
La expropiación incumple las obligaciones asumidas por el Estado durante la privatización de YPF y pone en duda las buenas prácticas de un país donde las grandes empresas españolas suman un volumen de negocio cercano a los 20.000 millones de euros anuales. Los vaivenes legislativos y las amenazas a los intereses de empresas extranjeras –con claras referencias a telefónicas y bancos– para que reinviertan sus beneficios en Argentina, envían un mensaje de alerta poco atractivo para el capital extranjero.
La actitud de Argentina en este asunto, al cual se añaden gestos como la intervención inmediata de la filial con la presentación en las oficinas del nuevo equipo gestor para expulsar a los gestores españoles, puede suponerle una grave sanción económica.
Argentina ha caído, con este grave error, en el descrédito y el desprestigio ante la comunidad y los inversores internacionales. Trasladando la imagen de un país que no cumple, poco serio, desleal y con un nulo respeto hacia la seguridad jurídica que ha de imperar en las relaciones empresariales y comerciales internacionales. Y tal y como estamos sufriendo nosotros mismos, en primera persona, la imagen y reputación de un país son claves para poder superar las adversidades sociales y económicas.
18 abril 2012
Argentina expropia el 51% de las acciones de Repsol en YPF
Después de semanas de especulaciones, las amenazas pronunciadas por la presidenta argentina Cristina Fernández han acabado por cumplirse con el anuncio ayer de la expropiación de YPF, filial de Repsol en el país.
Mediante un decreto ley, el Estado argentino se quedará con un 51% del paquete del 57% que Repsol mantenía en YPF y que adquirió en el proceso de privatización del año 1999. De este modo, la compañía perderá el control de su filial, al quedarse con una participación del 6,7% y sin saber cuánto pagará el Estado por el 51% expropiado. La decisión del gobierno argentino deja inmune la participación de la familia Eskenazi (Grupo Petersen), con un 25%, así como un 17,6% restante que cotiza en la Bolsa de NuevaYork.
Al margen de los argumentos utilizados por Argentina para justificar su decisión –acusando a Repsol de practicar “una política de vacío, de no producción y de no exploración” –, la presidenta insistió en remarcar que el 51% expropiado correspondería a títulos de Repsol y que no afectaría a las acciones de inversiones norte-americanas o a Wall Street. Una aclaración que algunos relacionan con el hecho de que Cristina Fernández haya esperado a la celebración de la Cumbre de las Américas en Cartagena de Indias de este fin de semana, donde se entrevistó con el presidente de EEUU, Barack Obama. Y también, una actitud que puede ser entendida como una beligerancia expresa contra los intereses españoles.
La expropiación incumple las obligaciones asumidas por el Estado durante la privatización de YPF y pone en duda las buenas prácticas de un país donde las grandes empresas españolas suman un volumen de negocio cercano a los 20.000 millones de euros anuales. Los vaivenes legislativos y las amenazas a los intereses de empresas extranjeras –con claras referencias a telefónicas y bancos– para que reinviertan sus beneficios en Argentina, envían un mensaje de alerta poco atractivo para el capital extranjero.
La actitud de Argentina en este asunto, al cual se añaden gestos como la intervención inmediata de la filial con la presentación en las oficinas del nuevo equipo gestor para expulsar a los gestores españoles, puede suponerle una grave sanción económica.
Argentina ha caído, con este grave error, en el descrédito y el desprestigio ante la comunidad y los inversores internacionales. Trasladando la imagen de un país que no cumple, poco serio, desleal y con un nulo respeto hacia la seguridad jurídica que ha de imperar en las relaciones empresariales y comerciales internacionales. Y tal y como estamos sufriendo nosotros mismos, en primera persona, la imagen y reputación de un país son claves para poder superar las adversidades sociales y económicas.