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La ola de ajustes del Gobierno ha tocado el núcleo de la sociedad. Al copago en el ámbito sanitario se suman los recortes en educación y, a partir del próximo curso, el aumento de los precios de las matrículas universitarias.

Las comunidades autónomas podrán incrementar el coste de cada plaza hasta un 25% para los alumnos que se matriculen por primera vez, en virtud del Real Decreto Ley de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo aprobado el viernes 20 de abril por el consejo de ministros.

Así, los estudiantes catalanes, que ahora pagan entre un 12% y un 15%, pasarán a pagar el doble, hasta un máximo de 540 euros más en la matrícula anual. Algunos expertos ya han advertido de que se trata de un precio disuasorio que frenará la entrada de jóvenes en la universidad y que potenciará la creciente emigración hacia el extranjero.

De esta manera, el ejecutivo de Mariano Rajoy ha dado respuesta parcial a la reclamación del Gobierno catalán, que ha anunciado que encarecerá las matrículas lo máximo que le permita el Estado. La otra parte de la demanda del secretario de Universitats, Antoni Castellà, no ha sido atendida. Se centra en condicionar ese incremento al cambio en el sistema de becas y garantizar que los alumnos con menos dinero puedan acceder a la enseñanza superior.

Además, la previsión de que en Catalunya se eliminarán las titulaciones que no alcancen los 40 alumnos por curso también llevará a algunos jóvenes a salir del país en busca de esas titulaciones no ofertadas. El objetivo es tender a la racionalización de titulaciones y en este sentido se fomentará la impartición conjunta de algunos grados.

Entre las medidas aprobadas también destacan las penalizaciones que se aplicarán a los repetidores reincidentes, que deberán pagar entre un 30% y un 40% de su coste. Los que se matriculen en el mismo curso por tercera vez pagarán entre un 65% y un 75%, y los universitarios que lo hagan por cuarta vez pueden llegar a pagar el 100% del coste de la plaza, a criterio cada comunidad autónoma.

Por su parte, los másteres oficiales podrán incrementar precios hasta el 50% del coste real de la plaza. Este hecho comportará una caída en el número de alumnos, parte de los cuales habían encontrado en los estudios de tercer ciclo refugio contra una crisis que les bloquea el acceso al mundo laboral. El Real Decreto Ley dificulta, además, la entrada a los estudiantes no comunitarios, que deberán pagar la totalidad del coste de la matrícula, tanto de los grados como de los másteres.

La especialización es el motivo por el que el ejecutivo obliga al personal docente dedicado a la búsqueda ha tener sexenios vivos: su labor tendrá que haber sido evaluada en los últimos seis años para concederles el sexenio con una labor docente reducida. Además, las universidades públicas deberán seguir el principio de estabilidad presupuestaria y continuará la política de no cubrir vacantes, limitando el ingreso de nuevo personal y reduciendo la plantilla de interinos.

Está por ver si estas medidas servirán de estímulo para potenciar la implicación de profesores y estudiantes en el proceso de formación o, por el contrario, pueden dificultar el acceso de parte de la juventud, la que tiene menos recursos, al mundo universitario e investigador.