Renovables por tierra, mar y aire

El Gobierno de la Generalitat ha aprobado el Plan de Energía y Cambio Climático 2012-2020, que ha de ser la base para las políticas energéticas y de mitigación del cambio climático en Cataluña. El documento establece las líneas de trabajo para llegar al objetivo 20-20-20 determinado por la Unión Europea, esto es, reducir el consumo de energía un 20,2%, aumentar al 20,1% el peso de las renovables y reducir un 25,3% las emisiones de CO².

Las políticas energéticas y climáticas incluidas en el Plan tienen como eje principal el ahorro y la eficiencia energética. Es por ello que se contemplan diversas medidas para conseguir un menor consumo y un mejor aprovechamiento de la energía que se consume. En el caso de la construcción, por ejemplo, se calcula que el grueso de las obras serán tareas de rehabilitación con reformas de mejora energética. También se dará apoyo al autoconsumo de electricidad, mediante el excedente de la red, y se asume el compromiso de que el 10% de los carburantes sean biocombustibles.

El Gobierno apuesta también por aprovechar los recursos autóctonos –sol, viento y biomasa forestal– para producir electricidad y sistemas de calefacción y, a la par, reducir las importaciones de combustibles fósiles, hecho que supondrá un impacto positivo para la balanza comercial. Además, el Plan pretende multiplicar por cinco la potencia eólica y la fotovoltaica en ocho años.

La aprobación de este Plan es una cuestión clave no sólo en la lucha contra los efectos del cambio climático, sino también para la competitividad de la economía catalana, y más teniendo en cuenta la previsión de que los precios de la energía se encarezcan. Según los datos barajados por la Generalitat, el cumplimiento de este plan supondría unas inversiones por valor de 24.600 millones de euros y la creación de 70.000 puestos de trabajo.

El Gobierno también ha anunciado su intención de revertir la oposición local de ciertas plataformas ciudadanas que bloquean algunos de estos proyectos. Si esto se hace a través del diálogo y la búsqueda de soluciones que integre los intereses de las zonas afectadas, bien. Si se pretende hacer sin evaluar con profundidad y con visión de futuro el impacto paisajístico y medioambiental del territorio o a través de la imposición, mal. Ya se han hecho suficientes disparates, tanto en el litoral como en zonas del interior y alta montaña, en este sentido en Cataluña. La protección de las zonas de alto valor paisajístico y ecológico no ha de someterse a los intereses económicos del país. Ni en tiempos de crisis. Es lo mínimo que podemos hacer por las futuras generaciones.

Renovables por tierra, mar y aire

El Gobierno de la Generalitat ha aprobado el Plan de Energía y Cambio Climático 2012-2020, que ha de ser la base para las políticas energéticas y de mitigación del cambio climático en Cataluña. El documento establece las líneas de trabajo para llegar al objetivo 20-20-20 determinado por la Unión Europea, esto es, reducir el consumo de energía un 20,2%, aumentar al 20,1% el peso de las renovables y reducir un 25,3% las emisiones de CO².

Las políticas energéticas y climáticas incluidas en el Plan tienen como eje principal el ahorro y la eficiencia energética. Es por ello que se contemplan diversas medidas para conseguir un menor consumo y un mejor aprovechamiento de la energía que se consume. En el caso de la construcción, por ejemplo, se calcula que el grueso de las obras serán tareas de rehabilitación con reformas de mejora energética. También se dará apoyo al autoconsumo de electricidad, mediante el excedente de la red, y se asume el compromiso de que el 10% de los carburantes sean biocombustibles.

El Gobierno apuesta también por aprovechar los recursos autóctonos –sol, viento y biomasa forestal– para producir electricidad y sistemas de calefacción y, a la par, reducir las importaciones de combustibles fósiles, hecho que supondrá un impacto positivo para la balanza comercial. Además, el Plan pretende multiplicar por cinco la potencia eólica y la fotovoltaica en ocho años.

La aprobación de este Plan es una cuestión clave no sólo en la lucha contra los efectos del cambio climático, sino también para la competitividad de la economía catalana, y más teniendo en cuenta la previsión de que los precios de la energía se encarezcan. Según los datos barajados por la Generalitat, el cumplimiento de este plan supondría unas inversiones por valor de 24.600 millones de euros y la creación de 70.000 puestos de trabajo.

El Gobierno también ha anunciado su intención de revertir la oposición local de ciertas plataformas ciudadanas que bloquean algunos de estos proyectos. Si esto se hace a través del diálogo y la búsqueda de soluciones que integre los intereses de las zonas afectadas, bien. Si se pretende hacer sin evaluar con profundidad y con visión de futuro el impacto paisajístico y medioambiental del territorio o a través de la imposición, mal. Ya se han hecho suficientes disparates, tanto en el litoral como en zonas del interior y alta montaña, en este sentido en Cataluña. La protección de las zonas de alto valor paisajístico y ecológico no ha de someterse a los intereses económicos del país. Ni en tiempos de crisis. Es lo mínimo que podemos hacer por las futuras generaciones.